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Contra el monstruo de la deuda, por el derecho a la vivienda

Por primera vez en un país del G8, se hizo énfasis en la relación entre la crisis de vivienda y la crisis mundial, como productos de la financierización de la economía. El punto común propuesto para una estrategia radicalmente innovadora: luchar por recuperar los recursos para dedicarlos a las políticas públicas, rechazando el pago del monstruo de la deuda y golpeando la renta.

Atacar los problemas estructurales de la crisis, pensar globalmente y actuar localmente

Hasta hace poco tiempo esta relación era evidente sólo en los países pobres del sur geográfico, pero la crisis global que ataca duramente a las sociedades del sur de Europa, ha hecho emerger un debate que ha tenido un rápido ascenso en el seno de los movimientos anti-deuda, justamente gracias a la Alianza Internacional de los Habitantes. Esta fue la primera tarea para el Congreso Nacional de 2012 de la Unión de Inquilinos[1], no solamente en términos de análisis, sino también de propuestas innovadoras.

Hasta ahora, el punto de inicio de los análisis y de las propuestas más avanzadas era este: no se puede comprender la crisis si no se toma en cuenta el tema de la renta y el peso que tiene. Investigar sobre los movimientos en torno a la renta significa llegar hasta el núcleo del proceso de valorización. Dicho de otra manera, hablar de los problemas estructurales de la crisis es hablar de lo que se llama la «financiarización de la economía» justamente sobre aquello que concierne al sector inmobiliario en tanto que instrumento de capitalización bursátil de las empresas, que ha movilizado miles de millones de euros. Un proceso que, durante la última década, ha conocido la etapa de transformación de la propiedad en «fondos inmobiliarios» donde la «renta pura» se abstrae de las condiciones concretas de la transformación urbana para convertirse en un producto financiero. Durante largo tiempo, el declive de la economía, favorecido por esta elección, permanecía escondido bajo piedra y concreto, de no haber sido porque saltó a la vista por la explosión de la burbuja inmobiliaria y, al mismo tiempo, por la explosión de las deudas soberanas.

De ahí viene la consideración de la deuda como un arma de la renta parasitaria a nivel internacional, que engendra el rechazo a pagarla, por considerarla ilegítima. En efecto, en general, la deuda ha sido contraída sin tener en cuenta, o con finalidades contrarias, las obligaciones jurídicas de los Estados que han ratificado el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como también con condiciones insostenibles. Por estas razones nace la reivindicación de que, en su lugar, los Estados deberían pagar la deuda social contraída con sus ciudadanos, con miras en poner en práctica políticas sociales públicas, especialmente a favor del derecho a la vivienda.

El impacto de la crisis y de las medidas de austeridad en el tema de la vivienda

La grave recesión económica y la severidad de las medidas de austeridad han conllevado niveles crecientes de pobreza y de exclusión de la vivienda en Europa.

Según el informe «El impacto social de la crisis y análisis de los últimos acontecimientos a la luz de las medidas de saneamiento presupuestario»[2] el sector de la vivienda y de los servicios relacionados está entre los más afectados por la crisis. Con frecuencia, esto se traduce en retrasos en el pago de alquileres y hipotecas, aumento de los desalojos y de los sin techo, aumento en las listas de espera para la vivienda pública, demanda de servicios para los sin techo y de la deuda en relación a los servicios esenciales, tales como la calefacción y el agua[3]. La demanda de servicios de prevención, tales como las ayudas para las hipotecas y la gestión de la deuda, así como el subsidio a los inquilinos, ha aumentado en la misma medida en años recientes[4].

Veamos los detalles[5]:

Por ejemplo, en Inglaterra, las listas de espera para las viviendas sociales han aumentado de manera constante de alrededor de 1.021.000 en 1997 a más de 1.8 millones de hogares en 2011. En Francia, 1.2 millones de candidatos están inscriptos en las listas de espera para vivienda social y 630.000 en Italia. En Irlanda, de 56.000 a 98.000 solicitantes. Una nueva categoría en riesgo de exclusión de la vivienda es la clase media, en la que existe una demanda creciente por vivienda social.

En Italia, el número de desalojos crece[6], llegando a 65.000 en 2011, de los cuales 56.000 fueron ejecutados por la fuerza pública, con un alza de estas ejecuciones en alrededor del 85% del total. Con la tendencia actual al alza, se puede estimar en 250.000 los desalojos suplementarios en el transcurso de los próximos tres años.

A pesar de la creciente demanda por vivienda social, este sector es víctima de cortes presupuestarios en numerosos países. En Inglaterra, por ejemplo, el presupuesto para la formación de «asociaciones de vivienda» ha sido reducido en 63%. De la misma forma, Escocia ha visto una reducción de 40% de las ayudas directas a la vivienda social. En Portugal, los fondos públicos se han reducido al punto de que numerosos proyectos no pueden ser ejecutados, y aquellos ya aprobados permanecen siempre en punto muerto.

Los municipios, principales responsables de la vivienda social, ya no están en condiciones de llegar muy lejos en la demanda de crédito a los bancos, pues no es posible invertir en este sector. En Polonia, el Fondo Nacional para la Vivienda, que ha financiado más del 40% de las viviendas sociales, fue desmantelado en 2011. En Austria, durante los últimos años, las subvenciones públicas para nuevas construcciones se han reducido en cerca del 20%. En España, la situación es paradójica porque, a pesar de que cerca de 150.000 hogares endeudados han perdido su vivienda y, además de esto, al menos 510.000 corren el riesgo de perderlos a causa de la crisis económica[7] , la generación de viviendas sociales para alquiler ha colapsado. En efecto, el apoyo presupuestario del Estado se ha reducido en 40%, de forma que ciertas agencias públicas han sido obligadas a vender su patrimonio locativo.

Se trata de una situación a la ni Alemania puede escapar, donde muchas ciudades en crisis presupuestaria ya han vendido sus agencias municipales de vivienda social a los fondos de inversión internacionales, sobre todo estadounidenses y japoneses. El Annington Fund es, desde entonces, el primer propietario en Alemania con 150.000 unidades en cartera.

En Grecia, la situación más dramática, el paquete de medidas aprobadas por el Parlamento el 12 de febrero 2012, comprende la disolución del OEK, la organización pública que proveía viviendas a precios módicos a empleados y trabajadores, es decir, la única forma de vivienda social en el país. Por el contrario, las regiones belgas de Flandes, Valonia y Bruselas son las excepciones, porque ellas pueden contar con un apoyo estable al sector de vivienda social para 2012 y así poder satisfacer la creciente demanda.

Las consecuencias en la crisis de vivienda en el caso paradigmático del «pacto fiscal» para Italia

La Unión de Inquilinos ha analizado más detalladamente las consecuencias de los «pactos fiscales», impuestos por los tecnócratas europeos a Italia. En este caso, se trata de reducir 900 mil millones de euros del presupuesto en los próximos 20 años. Teniendo en cuenta que las políticas de vivienda no son más una prioridad de los gobiernos desde hace tiempo, no hay ni habrá ningún presupuesto estatal para vivienda pública. El gobierno italiano igualmente ha anulado la entrega de ayuda social a los inquilinos, comprendidas en ella las categorías de bajos ingresos, lo que deja a 300 mil familias beneficiarias de esta ayuda al borde del abismo, lo que significa que serán incapaces de pagar su deuda.

Estas políticas son exactamente lo contrario de las obligaciones asumidas por Italia con la ratificación del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre ellos los comentarios generales 4 y 7 que prohíben todo desalojo sin un adecuado realojamiento. Pero no es evidente que vaya a haber un cambio de políticas y todavía menos en lo que respecta a los parámetros de convergencia europea que deberían regir la vivienda social. Para respetarlos, Italia debería, en efecto, multiplicar por cuatro la oferta de viviendas sociales de alquiler, o sea, pasar del 4% al 16 % de la media europea.

Encontrar los recursos para la vivienda: golpear la renta y no pagar las deudas ilegítimas

El invierno de la crisis más dura y de la recesión, por un lado, requieren medidas urgentes: el congelamiento de todas los desalojos y remates judiciales de aquellas viviendas que constituyeran la primera adquirida por una familia, es un fenómeno que se expande con la misma rapidez. Así, frente al desinterés del Estado, las protestas solidarias se multiplican cada vez más para impedir los desalojos.

Por otra parte, la creciente demanda de viviendas sociales exige no vender el patrimonio público, sino más bien, acrecentar el parque de viviendas comenzando por la parte en desuso. Esta representa un inmenso patrimonio, frecuentemente situado en zonas de plusvalía en alza y amenazadas por la especulación. Desde ya, un gran programa de rehabilitación urbana, que incluye la autorehabilitación, se hace necesario con el fin de desarrollar la vivienda social. Esto sería un gran esfuerzo para la reconversión de la economía, o sea, una verdadera intervención pública contra la recesión a través de un plan de empleo.

Rechazo al «pacto fiscal» que impide toda política social

Sin duda alguna, el tema clave, donde se pueden encontrar los recursos para las políticas públicas apropiadas ha sido la base para elaborar una propuesta política innovadora, potencialmente portadora de cambios revolucionarios.

Las luchas contra las raíces de la crisis apunta a dos direcciones específicas para recuperar los recursos necesarios: la renta inmobiliaria y el monstruo de la deuda.

En Italia, existen oficialmente más de 5 millones de propiedades vacantes, que frecuentemente disimulan la evasión fiscal. Entre 1% y 3% de impuesto sobre estas propiedades permitiría generar de 6 a 18 mil millones de euros de ganancias por año. Según las estadísticas, hay entre 500.000 y un millón y medio de contratos de alquiler que los propietarios no declaran al fisco. Con un alquiler promedio entre 7.000 y 8.000 euros anuales, esto representa entre 4 y 10 mil millones de euros anuales sustraídos a las arcas fiscales.

¿Será posible intentar limitar la renta inmobiliaria parasitaria, mediante la aplicación de un impuesto a la renta?

Sí es posible, como lo muestra la campaña «Basta de contratos en negro»[8], lanzada por un colectivo compuesto por la Unión de Inquilinos y de movimientos de lucha metropolitanos por el derecho a la vivienda como Action , colectivo universitario, l’Arc , jóvenes comunistas, y otras realidades territoriales. Utilizando una falla de la legislación actual -orientada a favor de la renta- y denunciando el alquiler en negro a la agencia fiscal, el alquiler puede entonces ser disminuido en 80% durante 8 años.

En cuanto a la deuda, que no debe ser un tabú intocable, la Unión de Inquilinos realizó un estudio a partir de las luchas sobre la titularización de los edificios públicos en Italia a fines de los años noventa y en la primera década del siglo XXI. Esto configuró (y todavía hoy, porque el gobierno quiere crear un megafondo inmobiliario público) una gran operación de especulación financiera (llamada, como un bello eufemismo, “financiamiento creativo”) y que, jugando con las palabras, para restaurar la deuda pública, concluye finalmente con un fracaso y un déficit de cerca de dos mil millones de euros, que corren a cargo del Estado.

Queda aún mucho por decir, en particular sobre la deuda soberana contraída por los gobiernos para financiar las “mega obras”, como el tren de alta velocidad Lyon-Turín o el puente sobre el estrecho de Messina, prioridades impuestas en oposición a lo que es debido, constitucionalmente, para pagar la enorme y creciente deuda social con la población.

Escribir juntos una nueva página de la lucha por el derecho a la vivienda

Por estas razones el tema de la vivienda no debe pertenecer ni a un sector específico, ni solamente a un conjunto de asociaciones de inquilinos o de movimientos de lucha metropolitana, sino que se debe convertir en un tema central de un nuevo movimiento social, anti-neoliberal, a escala europea e internacional.

En consecuencia es necesaria una participación común en los movimientos de lucha por el derecho a la vivienda, en el movimiento anti-neoliberal y contra la deuda, y en las autoridades locales asfixiadas por el “pacto de estabilidad” para demandar la auditoría sobre la deuda de Italia[9]: como está compuesta la deuda, cual es su estructura y las condiciones de su emergencia, qué parte puede ser legítima y cual otra debe ser rechazada liberando así los recursos.

Esto es posible, como ha sido posible en el curso de los últimos años, gracias a la alianza entre las luchas locales y las luchas internacionales, la obtención de la anulación de la deuda de los países pobres con los países ricos. La campaña W Nairobi W–Cero Desalojos[10] ha obtenido, por ejemplo, la anulación total de la deuda de 44 millones de euros de Kenya con Italia, liberando a cambio los recursos para políticas sociales participativas, en particular para financiar la reurbanización de la villa de emergencia de Korogocho.

Hoy les toca el turno a los nuevos países pobres, donde los movimientos sociales comienzan a madurar la conciencia de la necesidad de contar con la solidaridad internacional.

Para hacer esto es importante rechazar considerar únicamente la emergencia relacionada a la vivienda, porque en nombre de la emergencia, todo es permitido, incluyendo la especulación y la destrucción de territorios con consecuencias como personas sin techo y viviendas vacías en ciudades inhabitables. Consideremos más bien el tema de la vivienda en relación con las políticas de la ciudad, la gobernanza pública de los territorios, los juegos de lucha contra la especulación y la renta del suelo.

Al mismo tiempo, es necesario que la escala supranacional no sea un agregado suplementario, sino que represente la condición para dar una respuesta a las políticas tecnocráticas europeas y para dar dimensión y profundidad a las luchas territoriales.

En esto radica el interés en el proceso de convergencia subrayado por la propuesta de construir la Vía Urbana y Comunitaria[11], espacio y camino común de las organizaciones de habitantes y movimientos sociales urbanos para compartir experiencias y estrategias, así como para construir herramientas concretas para hacer durable y eficaz la solidaridad con las luchas glocales .

Este es un proceso al que múltiples dinámicas están contribuyendo, incluido el Foro Social Urbano[12], alternativo al Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat[13], las Jornadas Mundiales Cero Desalojos: Por el Derecho al Hábitat[14] y los acontecimientos clave de todos los movimientos de lucha por el derecho a la vivienda, aliados al movimiento anti-neoliberal.

Es en efecto, esencial, incluso en el caso del derecho a la vivienda, actuar a nivel local y pensar a escala global, considerando el nivel europeo como el mínimo indispensable.

Se trata siempre de la lucha de clases, como una página en blanco para escribir por el derecho a la ciudad en el seno de un movimiento que se opone a las políticas de austeridad sin retorno, una contribución del movimiento de resistencia y una alternativa al neoliberalismo.

 

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[1] 13° Congreso nacional de la Unione Inquilini (Chianciano, 4-6 mai 2012)  . La UI, fundada en mayo de 1968, es la organización más antigua y la más arraigada de las organizaciones italianas de base de inquilinos. Ver la Resolción Final 13° Congreso nacional de la Unione I nquilini, y en particular el orden del día referente a temas internacionales.

[2] L’impact social de la crise et analyse des derniers développements à la lumière des mesures d’assainissement budgétaire (2012, CECODHAS)

[3]  CECODHAS Housing Europe Observatory (2012)

[4]  FEANTSA (2011)

[5] Impact of Crisis and Austerity measures on Social Housing (2012, CECODHAS)

[6]  Rapporto sui provvedimenti di sfratto, Ministero dell'Interno, 2011

[7]  EL MUNDO.es, 10/01/2012, Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES)

[8]  El original en francés lee: « Sortons du noir ! » 

[9] Centro Nuovo Modello di Sviluppo: Il debito in 12 domande e risposte

[10] Cancelar la deuda para dar viviendas a los pobres. La experiencia en Nairobi ahora es posible  

[11] La Via Urbana y Comunitaria

[12] Foro m Social Urba no (Napoles, 3-7 septiembre 2012)  

[13] Asamblea Mundial de los Habitantes  (FSM Dakar, 2011) en programa para el FSM Tunés (Marzo 2013)

[14] Jornadas Mundiales del Hábitat 2011


Los(las) siguientes Traductores(as) Voluntarios(as) por el derecho a la vivienda sin fronteras de la AIH colaboraron para la traducción de este texto:

Francisco Zabala, Cristina Crosby

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