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Medellín, Colombia, ¿Protección real o real desprotección a Moradores?

Medellín, Colombia, ¿Protección real o real desprotección?

JAC La Cascada interviene en debate a PPPaM. Concejo de Medellín. Marzo 21 de 2017. Foto: Junta Cívica

Partiendo de que las políticas públicas son las sucesivas respuestas del estado (del régimen político o del gobierno de turno) frente a situaciones socialmente problemáticas; desde el año pasado se viene trabajando con la mesa territorial de protección a moradores en la ciudad de Medellín: Los participantes expresamos muchas dudas sobre la política pública de protección a moradores, en vista de todas las modificaciones que conllevan los planes de renovación urbana, referentes al uso del suelo y de las construcciones, según nos dijeron, para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, para lograr el mejoramiento del nivel de vida de los moradores afectados.

Esto se desprende de la Ley 9 de 1989, Capítulo IV, Artículo 39, sobre los aprovechamientos  con mayor beneficio para la comunidad. Sin embargo, del dicho al hecho, hay mucho trecho.

La política pública de protección a moradores y a actividades económicas y productivas (PPPMAEP), quedó enunciada en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Acuerdo 48 de 2014, donde se reconocen como moradores a poseedores, tenedores, propietarios, residentes, y aquellos que desarrollan actividades productivas formales e informales en el territorio. La implementación de este plan puede generar impactos sobre las comunidades en un territorio, como hemos querido demostrar en los distintos eventos pero sobre todo por la experiencia en la ciudad de Medellín.

Dudas e incertidumbres

Medellín, Colombia, ¿Protección real o real desprotección?

La Alianza Internacional de Habitantes, JAC La Cascada y Junta Cívica El Pinar, presentes en debate a PPPaM. Marzo 21 de 2017.Foto: Junta Cívica

Quedan muchas dudas. Una de ellas, ¿Porqué hacer una inversión de mil millones de pesos para implementar una política pública cuando ya está considerada dentro del Plan de Ordenamiento Territorial? Las comunidades nos preguntamos si es protección o desprotección por todo lo que conlleva el desarrollo de la ciudad y la renovación urbana, tal como se tiene prevista. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debería garantizar que la renovación urbana no desplace  a las comunidades  hacia otros lugares, como se anuncia en los escasos documentos oficiales que nos han repartido y deberían respetarse de manera clara e indubitable los principios de la equidad, la inclusión, el restablecimiento de condiciones iníciales, el derecho  a la permanencia, al arraigo, a la cultura, al mejoramiento integral de barrios, el derecho a la información concreta, transparente y previa, la reubicación en sitio y el derecho a la ciudad sin odiosas discriminaciones por factores sociales y económicos, que es lo que se pretende en el modelo de ciudad que se comercializa desde la administración pública.

Medellín, Colombia, ¿Protección real o real desprotección?

Taller sobre PPPaM. Facultad Arquitectura Unal Foto: AIH Medellín

Existe una gran incertidumbre entre las comunidades de los diferentes barrios y sectores urbanos, entre las organizaciones sociales, comunales y de pobladores originales, en relación con la implementación de esta propuesta de política pública, que podría, como se observa en diferentes escenarios, convertirse en DESPROTECCIÓN A MORADORES y PROTECCIÒN DE GRANDES NEGOCIANTES DEL SUELO e INTERMEDIARIOS DE LA ESPECULACIÒN INMOBILIARIA yen DESPOJO Y DESALOJO MASIVO DE HABITANTES. Hasta hoy nos sigue preocupando que se trate de una política más sin suficientes garantías sociales y legales que desconozca la historia de la ciudad, no frene los procesos de gentrificación inherentes a las intervenciones urbanísticas y no contemple “las medidas de protección a MORADORES, como política pública para evitar la expulsión de los pobladores originales ”, tal como reza el folleto distribuido en los eventos de participación.

Insistimos en que por GENTRIFICACIÓN se entiende la apropiación del territorio por el gran capital, como un “un proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector  o barrio deteriorado y con pauperismo (existencia de gran número de pobres en un territorio, especialmente cuando procede de causas permanentes) es progresivamente desplazada por otra de mayor nivel adquisitivo, a la vez que se renueva” y así se expone en estos eventos.

Qué se quiere proteger

Medellín, Colombia, ¿Protección real o real desprotección?

Taller sobre PPPaM. Facultad Arquitectura Unal Foto: AIH Medellín

Esta política pública de protección a moradores debería servir para proteger los derechos de los moradores y restringir los abusos de los entes públicos y privados que diseñan y ejecutan obras, generando mucho malestar porque nuestra MEDELLIN está siendo ofrecida al mejor postor y las comunidades están siendo desplazadas a las periferias y bordes de la cuidad más innovadora. Vale la pena preguntarnos si realmente las políticas públicas han sido un instrumento efectivo para la resolución de  las problemáticas y anomalías de las comunidades, gremios y otros grupos de interés, o por el contrario, son un elemento de legitimación electoral de la administración con un bajo impacto político.

Se espera que esta política sea una herramienta realmente útil para proteger los derechos y sirva para avanzar en la superación de la inequidad y que no sea un sofisma de distracción para repetir tragedias sociales como el desalojo, la expropiación y el despojo de tierras y predios, sin el reconocimiento e incorporación de las plusvalías y no se dejen en manos de las grandes constructoras, y que se obtenga, en el mejor de los casos, la recuperación de la población más vulnerable, y en el peor de las situaciones, solo una mínima proporción de la comunidad sea desplazada y obtenga una justa indemnización.

No estamos en contra del progreso, lo que exigimos es que haya un buen consenso, que esta política sea incluyente, que las comunidades seamos escuchadas y que nuestra participación sea tenida en cuenta, para que el avance urbano no siga atropellando los derechos de las comunidades con el  desarraigo, el despojo y  el desplazamiento por las obras públicas, aparentemente de interés general. No se pueden seguir violentando los derechos de los habitantes de los territorios impactados por las megaobras y la irresponsabilidad de los constructores.

Se debe reglamentar la Política Pública de Protección a Moradores garantizando a las comunidades afectadas la Reubicación en Sitio y las Compensaciones por las unidades productivas y por la carga social que deben soportar en adelante. La protección a moradores es todavía un asunto por resolver en la ciudad de Medellín.

Protección o desprotección frente a los desalojos

Medellín, Colombia, ¿Protección real o real desprotección?

La Cascada no se vende, se respeta. Mitin el 31 de marzo de 2016, fecha del desalojo, que se aplazó para permitir los acuerdos de la mesa de trabajo. Foto: AIH Medellín

No a una política pública de desprotección a moradores que conlleve los desalojos, la expropiación administrativa, la enajenación voluntaria o la enajenación forzosa para ser desterrados del territorio. Apoyamos el mejoramiento integral de barrios, la reubicación en sitio, el derecho a la permanencia respetando a los pobladores originarios  y el derecho a la ciudad sin segregaciones ni exclusiones.

Exigimos que los derechos de los moradores no sigan siendo violentados por las intervenciones urbanísticas y que haya más garantías legales y sociales, ya que es una obligación del Estado proteger a los moradores, porque tenemos derechos constituidos en relación con la permanencia, la ocupación, los usos y prácticas de habitar en un territorio urbano o rural, que son elementos suficientes de  protección  para conjurar el peligro inminente que hay sobre los derechos constituidos alrededor de la morada.

El capítulo IV de la Ley 9 de 1989 o Ley de reforma urbana lleva por título” de la protección a los moradores en los proyectos de renovación urbana ”, pero no contó con el desarrollo y la precisión requeridas y menos aún con la voluntad política para adelantarla y proteger verdaderamente y de hecho, no de palabra, a los moradores de menos recursos económicos.

Hasta hoy todavía la propuesta oficial contratada con la Universidad Nacional sigue dejando por fuera muchas de las problemáticas de la ciudad que, debido a la pobreza y la tragedia generada por el conflicto y las violencias, han producido un crecimiento urbano descontrolado y desatado otra serie de secuelas económicas y sociales, a su vez agravadas por la omisión estatal acumulada por décadas de olvido.

Se deben incluir en esta herramienta mecanismos de participación comunitaria para la incidencia en el ordenamiento territorial, de reparación colectiva de víctimas, en ámbitos urbanos y rurales, y la garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada, el mejoramiento integral de barrios, la protección a moradores y el derecho a la ciudad sin la discriminación enunciada en los conceptos gentrificación estampados en los folletos de la EDU y Planeación.

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