Enormes letreros en la entrada de la comunidad, pintados de azul y llenos de imágenes de tinglares, no dejan que los residentes del barrio Boca en Barceloneta olviden los planes que tiene el Municipio con los terrenos que por años han sido su hogar.

En el patio donde los hijos de Laylanie Ruiz juegan con sus perros y escuchan el rugir del mar, el Municipio planea construir un paseo tablado, gazebos, un área recreativa y los estacionamientos que formarán parte del proyecto Paseo Palmar de Barceloneta. Para eso también necesitarán los terrenos de otras 52 familias, para lo que la Legislatura Municipal aprobó la expropiación forzosa de las 53 estructuras en agosto.

“Ellos nos siguen hostigando. Constantemente viene gente del Municipio, tasadores, vino gente del Senado y hasta una arqueóloga para mirar la zona y hacer chequeos. Pero nosotros no nos vamos a rendir”, expresó Ruiz. La comunidad lleva varios pleitos judiciales en estos momentos que le impiden al ayuntamiento realizar los desalojos.

En nombre del desarrollo turístico también se derrumban casas constantemente en la comunidad Vietnam, en Guaynabo. Poco a poco, el gobierno municipal ha ido tirando al suelo las estructuras de esta comunidad con miras a adquirir los terrenos con vista a la bahía de San Juan que ocupan el único pedazo de costa que tiene el pueblo.

Hasta el momento, una alianza entre las organizaciones Amnistía Internacional, la Coalición de Cero Desalojos en Puerto Rico y Prensa Comunitaria ha identificado un total de 41 comunidades que enfrentan la amenaza de la expropiación o desalojos. Los municipios con más comunidades en peligro son San Juan, Ponce y Loíza.

La construcción de complejos de vivienda o de costosos proyectos turísticos y la llamada rehabilitación de zonas comerciales y residenciales se colocan a la cabeza de la lista de razones por las cuales vecindarios completos -en muchas ocasiones, de bajos recursos económicos- tienen sobre sí la amenaza de la expropiación y el desalojo. La mayoría cargan con la designación de comunidad especial, según lo dispone la Ley 1 de 2001. Pero otras no, como el residencial Las Gladiolas en Hato Rey o invasiones como El Sol en Ponce.

“Esto puede tocar a cualquiera”, dijo el portavoz de la entidad Un Solo Movimiento, Wilfredo López Montañez.

En el pasado, ambiciosos proyectos gubernamentales para la construcción de obra pública han terminado en expropiaciones de comunidades. El desarrollo de la Milla de Oro en Hato Rey y la construcción de la PR-66 entre Carolina y Canóvanas han redundado en decenas de expropiaciones en sectores de bajos recursos económicos. López advirtió que lo mismo sucederá en el centro y norte de la Isla con la propuesta para construir un gasoducto.

El coordinador del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del capítulo local de Amnistía Internacional, Alfonso Román, señaló que los desalojos se consideran una violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.

“Son ataques a la gente pobre. Atentan contra el derecho a la vivienda que tiene todo ser humano. Lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico es lo que nosotros tenemos que evitar y proteger a la gente contra estas acciones”, manifestó Román, en referencia a que es muy raro que residencias de personas de alto poder adquisitivo se vean afectadas. Ninguno de los entrevistados pudo identificar una comunidad en riesgo que no fuera de gente pobre.

No obstante, no todos los procesos de expropiación tienen un matiz negativo, pues en ocasiones son necesarios para proteger el bienestar de los ciudadanos. Un ejemplo de esto fue parte de la comunidad Salistral en Ponce, donde se expropió una decena de residencias que se inundaban cada vez que llovía.

amenaza que sigue latente

A partir del 2004, las comunidades especiales recibieron una protección adicional contra las expropiaciones en la forma de la Ley 232. Esta fue una enmienda a la Ley de Comunidades Especiales que obligaba a los municipios a recibir el aval tanto del 75% de los vecinos del sector como de la Legislatura estatal para un proyecto de construcción antes de expropiar.

Precisamente esta directriz es la que pretende eliminar el proyecto del Senado 1575, que ya fue aprobado por la Cámara alta, pero que la Cámara de Representantes dejó sobre la mesa el jueves pasado por no tener los votos suficientes para aprobarlo. Asimismo, la Cámara baja también dejó en veremos el proyecto del Senado 1760, que eximiría a los municipios de que tengan un Plan de Ordenamiento Territorial aprobado y de celebrar una consulta de ubicación antes de expropiar.

El senador novoprogresista Roberto Arango, autor del proyecto 1575, aseguró que es necesario eliminar los obstáculos que impiden que un alcalde pueda impulsar su municipio.

“La realidad es que un alcalde es el que sabe la ruta que debe seguir un pueblo para progresar”, sostuvo.

Pero más allá del temor a ser sacados a la fuerza de su hogar y no tener suficientes recursos para adquirir una nueva residencia propia, líderes comunitarios aseguran que la aprobación de estas medidas establecerá un precedente negativo para la autogestión y el desarrollo de las comunidades del País.

“Esto es bien alarmante, nos están quitando todas las herramientas de participación. Quieren dejar a las comunidades sin nada para después ellos poder hacer lo que quieran sin preguntarle a nadie”, sentenció la arecibeña Yenitzia Rivera, portavoz del sector El Vigía.