La contaminación constante, el deterioro continuo de los recursos hídricos junto con el sistema extremadamente precario del saneamiento urbano han tenido un impacto en las condiciones de vida de los habitantes, así como en sus tierras, y han afectado a sus vidas y aumentado la inseguridad y la pobreza de las comunidades afectadas, incumpliendo sus derechos a la salud y a un nivel de vida adecuado.

Una investigación llevada a cabo por FIDH y sus socios brasileños Justiça Global  y Justiça nos Trilhos,  en 2010 y 2011, destacó problemas graves de salud causados por la emisión de contaminantes por parte de las plantas de fundición, calderas de carbón y otras instalaciones industriales. La contaminación del aire, el agua y el suelo ha causado o incrementado las enfermedades respiratorias, oculares, enfermedades de piel y otras afecciones. La investigación también reveló que los residentes sufrieron una falta de acceso a los servicios sanitarios.

A raíz del establecimiento de esas industrias en la región, se han producido fallecimientos repetidamente debido a enfermedades respiratorias graves en el sistema respiratorio, tales como cáncer de pulmón o de otros órganos. Asimismo, se han producido fallecimientos de niños que han estado en contacto con escoria incandescente. Una investigación dirigida por un biólogo brasileño de prestigio, Ulisses Brigatto Albino, demostró en 2007 que la coexistencia entre las industrias y personas sanas en esa zona era inviable.

En 2008, la asociación de habitantes realizó una consulta a todos los residentes. Cerca del 95 % escogieron luchar por la reubicación colectiva a otra zona sin contaminación.

La lucha de los residentes por su reubicación dura 4 años y continúa presente hasta hoy. A pesar de algunos avances, como la conquista de un nuevo terreno en marzo de 2012 y una consulta técnica independiente para planificar el nuevo vecindario en octubre de 2012, aún faltan muchas otras medidas. Al mismo tiempo, el Estado no ha tomado ninguna iniciativa con el fin de controlar la contaminación, proveer alternativas preventivas a los habitantes o responsabilizar a las empresas por los daños causados en los últimos 25 años.

El sistema judicial de Brasil no ha respondido satisfactoriamente a las demandas de veintiuna familias, que se iniciaron en 2005 y que no ha finalizado hasta ahora. La ausencia de medidas de reparación y garantías adecuadas de que no volverá a repetirse muestra un incumplimiento del derecho a las debidas garantías procesales y las medidas eficaces.

A fecha de hoy  muchas personas continúan viviendo en  Piquiá de Baixo bajo las mismas condiciones. Al mismo tiempo, los nuevos proyectos industriales se están implementando activamente en la región con permisos del Estado de Brasil, beneficios fiscales y créditos financieros generosos por parte de BNDES.

[1]  Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré, Ferro Gusa do Maranhão Ltda. (FERGUMAR), Gusa Nordeste S/A, Siderúrgica do Maranhao S/A (SIMASA) y Viena Siderúrgica S/A. Toda la producción de fundición es exportada, principalmente a los EE.UU.

[2]  Vale es la segunda compañía minera más grande del mundo que opera en 38 países. Esta gran empresa transnacional extrae hierro de sus grandes minas en Carajás, situadas en el corazón de la selva amazónica, y lo procesa y transforma en arrabio en Pequiá, Açailândia. Vale transporta, asimismo, toda la producción de arrabio en sus trenes hasta los puertos de São Luís do Maranhão. Las actividades de Vale representan cerca del 82% de las exportaciones totales de mineral de hierro en Brasil. Las operaciones de Vale abarcan el 15% de la extracción total de mineral de hierro a nivel mundial.